Regulación heterogénea dificulta tendido de redes de telecomunicaciones en AL

Los operadores de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe afrontan un contexto regulatorio complejo a la hora de desplegar la infraestructura necesaria para mantener la operación de sus servicios, según refiere 5G Americas.

Para el emplazamiento de sus redes, las compañías del sector deben obtener permisos y autorizaciones de diversas entidades y agencias a distintos niveles de Gobierno, incluso a nivel municipal, donde se observa una importante fragmentación y heterogeneidad en cuanto a requisitos, plazos y mecanismos de proceso. Todo lo anterior resulta en demoras y encarecimiento en las obras necesarias para ampliar y mantener la calidad de los servicios prestados por los operadores.

“La complejidad y heterogeneidad normativa que ha existido por años para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se vuelve más preocupante, si consideramos que la evolución tecnológica y avance de la 4G, y el inminente despegue de 5G en la región, requerirán de enormes esfuerzos e inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones. Es necesario seguir revisando y disminuir los obstáculos para evitar el rezago de la región en el acceso a las tecnologías más recientes”, indicó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

El ejecutivo señaló que, además del impacto en el servicio brindado a la población, esta burocracia y fragmentación incrementa los costos e incluso puede derivar en sanciones de las autoridades de gobierno por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en sus concesiones de servicio, encareciendo aún más la operación.

Esta situación se observa particularmente crítica para los siguientes años, considerando que, con la evolución de 4G y 5G, se van a necesitar entre dos y tres veces más de los sitios de macroceldas para el año 2030 que los que existían en operación en 2018, de acuerdo con cifras recogidas en el reporte “Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y el Caribe”, publicado en agosto de 2022. Y, además, también se necesitará el despliegue de celdas pequeñas (small cells), que podrían superar los cinco millones de unidades desplegadas en todo el mundo para 2025, de acuerdo con cifras publicadas en un documento publicado por 5G Americas y el Small Cell Forum (SCF) en 2018.

Otero detalló que algunos gobiernos de la región han tomado dimensión de esta problemática y de su impacto en los servicios de telecomunicaciones, por lo que han orientado esfuerzos en intentar reducir la complejidad y/o establecer criterios uniformes para disminuir estos obstáculos. Ejemplos de ello son las llamadas “Ley de Antenas” o “Ley de Torres” en Brasil, Chile y Perú; los modelos y recomendaciones para los municipios, como la Ordenanza Modelo de Argentina o la regulación estándar de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). En México, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), publicada en 2014, establece la prohibición de imponer contraprestaciones económicas adicionales a las pactadas con los propietarios de inmuebles para instalación de infraestructuras, y se otorgó competencia a tribunales especializados para dirimir conflictos entre concesionarios y la federación, las entidades federativas y municipios.

“Estos casos, y otros analizados en el reporte, dejan ver que la problemática es reconocida no solo por la industria, sino también por reguladores, gobiernos y otros actores del sector”, concluyó el ejecutivo.